viernes, 23 de marzo de 2018

México 2018 [VI]: acerca de por qué asesinan candidatos

A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido. 

Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula. 

Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión. 

T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos? 

A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula. 

Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país. 

En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción. 

Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”. 

En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía. 

No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente. 

T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados? 

A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. 

En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas. 

Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. 

Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social. 

T.A.: ¿Algo que agregar? 

A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.



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México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

viernes, 2 de marzo de 2018

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Irónicamente, al igual que en la antesala de 2012, pero en esta ocasión en beneficio de la “oposición” (el entrecomillado responde a un gesto obligado de reserva por las inexcusables componendas en curso del “Movimiento”), reina una certeza sonora con respecto a un irrefrenable triunfo del candidato puntero (en las encuestas, la opinión pública, el “rumor” ciudadano), Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es cierto –y esto cabe resaltarlo– que el “candidato-presidente” de turno no cuenta con el apoyo de la prensa monopólica (en un país que ocupa el primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial), como si sucedió flagrantemente en la elección de 2012, cuando ganó –no sin ignorar la compra de 5 millones de votos– Enrique Peña Nieto. “AMLO va a ganar la presidencia”, dice el clamor popular sin vacilación. Y ante esta certitud lapidaria, la gente comienza a formular preguntas acerca de cómo sería un gobierno de AMLO en el México actual. Acaso una de las preguntas más frecuentes es “qué va a hacer AMLO con el narco”. Y esa pregunta es la materia de esta reflexión. 

Muchos analistas han señalado –con absoluta razón– la obstinada ausencia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en los discursos de los candidatos. Coincido que tal actitud es inadmisible, a todas luces vejatoria para una sociedad que ha sido castigada por cuotas inenarrables de criminalidad, violencia e inseguridad en el último decenio. En México existen centenares o miles de Ayotzinapas anónimos condenados al olvido institucional. Por cierto, cabe hacer notar que la prioridad de esta columna ha sido documentar ese inventario de crímenes atroces que ensangrentaron el suelo nacional. Y la barbarie no ceja. Tan sólo en 2017, de acuerdo con Amnistía Internacional, la ola de violencia en México cobró la vida de 42 mil personas, en la modalidad de homicidio doloso. Las cifras gubernamentales reportan 34 mil 656 desaparecidos. En materia de periodismo, 2017 fue el año más violento, con 12 comunicadores asesinados. Reporteros Sin Fronteras denunció que “México es el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros” (francamente desconozco qué concepto de “paz” abrazan en RSF). Y el secuestro, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales registran índices de horror. En suma, un país asolado por una violencia sólo equiparable con teatros de guerra apocalípticos o feroces dictaduras militares. Pero los candidatos ni por asomo refieren a esta emergencia nacional. Y a menudo los propios analistas conjeturan que se trata de un descuido o una omisión negligente. O concluyen que el narco no figura por “error” en las alocuciones de los candidatos. Pero tal inferencia es falsa. Por el contrario, el narco –acaso junto con Donald Trump– es la sombra obscena que recorre toda la elección de 2018. 

Lo primero que hay que entender es que el narco es un actor político tan poderoso que “asiste” encriptado a la campaña. Difícilmente un candidato en Estados Unidos alude explícitamente a los barones de Wall Street. Lo mismo acontece en México respecto al narco. El narcotráfico en México es clase gobernante (dominante). Y tras el desmantelamiento de la planta productiva industrial y del campo, por cortesía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no es tratado ni es libre ni es comercial, el narcotráfico ascendió a la primera posición en el escuálido inventario de ingresos nacionales. No es accidental que desde inicios de 2000 hasta la fecha, 21 ex gobernadores han sido acusados de asociación delictuosa con el narcotráfico. El narco es un actor estatalizado, enquistado en los circuitos formales de la economía y la política. A esta estatalización –prohijada por el “partido”, señaladamente por el clan Salinas– se yuxtapuso un proceso de hiperpolitización del actor narco, producto de la declaratoria de guerra –decretada por el clan Calderón. Hoy es virtualmente imposible identificar una instancia institucional que no esté operativamente articulada a la órbita del narcotráfico. Esto explica que el narco asuma un comportamiento “estatal”, cobrando impuestos, efectuando tareas de contrainsurgencia, ensayando estrategias de comunicación con el público (narcomantas, narcoblogs, narcoseries), reclutando comandos militares de élite, conquistando territorios por la fuerza, invirtiendo en obras públicas, desarrollando proyectos turísticos e infraestructurales, financiando campañas políticas etc. México es un narcoestado. Y no es una consigna. It’s a fact

En este sentido, la pregunta acerca de qué va a hacer AMLO con el narco es absolutamente pertinente. Y una lectura a botepronto de los mensajes encriptados que sobre el tema ha deslizado permiten dos inferencias: 

1. Los incautos enfurecieron cuando AMLO propuso amnistía para los narcotraficantes o delincuentes. Si aceptamos la tesis de que el narcotráfico es clase gobernante en México, cabe entonces reconocer que el indulto ya había sido extendido con anterioridad, cuando anunció que no perseguiría a ninguno de los integrantes de “la mafia del poder”. En lenguaje descodificado, esto básicamente significa que la propuesta es desalojar al actor narco de las posiciones clave del Estado, no sin la posibilidad –y en esto consiste la amnistía– de que continúe el negocio en la extraestatalidad, tal como ocurría antes del “salinato”. Es decir, la idea es desterrar de la institucionalidad pública al narcotráfico. 

2. El plan de un “regreso escalonado” de los militares a los cuarteles apunta a refrenar u obstruir el proceso de hiperpolitización del narco que atizó la guerra. Es tal vez la disposición que más ostensiblemente trastocaría las estructuras del narcotráfico contemporáneo, justamente porque provocaría una despolitización-desmilitarización del actor narco, y, por consiguiente, una rendición parcial al control estatal. 

En resumen, una respuesta apenas incipiente (e hipotética) a la pregunta de qué va a hacer AMLO con el narco, y en atención a las señales codificadas antes referidas, es que la propuesta del candidato (hasta ahora sólo eso: una llana propuesta encriptada) es desmontar parcialmente el maridaje del narcotráfico y las instituciones públicas, con base en la desestatalización (destierro+amnistía) y la despolitización (fin a la guerra) del narco. No obstante, es altamente probable que en la negociación con la alta jerarquía de las fuerzas armadas, y a modo de concesión, autorice la continuidad de la Ley de Seguridad Interior, que habilita el escenario para una creciente militarización de las estructuras de seguridad (inteligencia, procuración de justicia etc.) pero sin militares en las calles.