sábado, 23 de abril de 2016

Patología Electoral: las campañas negras


Si se definió a la patología electoral como un esfuerzo crítico para mostrar los signos de la enfermedad crónica o mejor dicho genética del subsistema electoral, resulta imposible no detenerse para analizar las campañas negras y su funcionalidad para la democracia liberal. Y es que no sólo siguen presentes en prácticamente todas las elecciones sino que además definen la dinámica desde el inicio hasta el cierre. En otras palabras desvían la atención de la problemática real para concentrase en las supuestas virtudes y defectos de los candidatos, vaciando de sentido dialógico las campañas para convertirlas en un espectáculo de golpes bajos y mentiras estratégicamente divulgadas en los medios masivos de comunicación.

El punto de inflexión que fortaleció el uso de las campañas negras en México podría establecerse en la elección de 2006, cuando Felipe Calderón, en medio de su campaña para la presidencia de la república decidió contratar a un conocido despacho español que reconfiguró el camino colocando en el centro de su estrategia la descalificación sistemática hacia el puntero en aquél momento y que se resumió en la frase: AMLO es un peligro para México.

El triunfo de Calderón por una diferencia ínfima abrió el camino para que las campañas negras se consolidaran como el camino ideal para disolver diferencias porcentuales en las preferencias del voto, incorporando un elemento central en la eficacia de la descalificación de los candidatos opositores: el apoyo de los medios masivos de comunicación. Sin éstos últimos las campañas negras perderían mucha fuerza y difícilmente lograrían su objetivo. En nuestros días el ciberespacio se ha convertido en el espacio preferido de las guerras de lodo debido a la falta de regulación de dicho medio en las elecciones pero esto no ha desplazado al duopolio televisivo como actor privilegiado en las contiendas electorales.

La dinámica de las campañas negras no se limita a desacreditar las propuestas del adversario; va más allá, sobre todo concentrándose en su vida privada, sus hábitos sexuales, propiedades, deslices oratorios y lo que se acumule. Las comparaciones con ideas o personalidades desprestigiadas por los medios de comunicación es un recurso frecuentemente utilizado; fue el caso de la comparación entre AMLO y Hugo Chávez en el 2012, que aprovechó la campaña en boga en esos momentos de los medios de comunicación internacionales en contra de la revolución bolivariana y su dirigente principal.
Además, las campañas negras, al concentrarse en atacar la imagen de los candidatos opositores impiden cualquier posibilidad de que las demandas de los votantes se coloquen el centro del discurso y que los candidatos dialoguen a partir de esas demandas para definir su posición y su eventual curso de acción una vez que se conviertan en los ganadores. El ruido generado por los vituperios y ataques impide que el votante participe efectivamente en los procesos electorales promoviendo sus intereses entre los candidatos y valorando sus capacidades para eventualmente seleccionar el destino de su voto. La sistemática descalificación del adversario por medio de la mentira, la sospecha y la exageración coloca en el centro de las campañas al candidato, o mejor dicho a su imagen pública y no precisamente a su proyecto político.

De acuerdo con los expertos en la mercadotecnia política, el candidato debe ser posicionado como un producto, una mercancía con atributos virtuales que resulte atractiva para los clientes-votantes, quienes elegirán en función de ésa imagen virtual, creada para singularizar al candidato en relación con sus adversarios. Es por eso que las campañas negras se concentran en la imagen del adversario para lograr resultados favorables . La batalla se concentra en contaminar la imagen y los atributos del opositor, pues sólo así podría derrotarlo. En este sentido, articular una campaña propositiva, con principios y cursos de acción, pasaría por alto el hecho de que los votantes están mas concentrados en la imagen y atributos personales de los candidatos y menos en sus propuestas, que en realidad ocupan un lugar subordinado a quien lo dice y no a qué dice.

Evidentemente, la dinámica de las campañas negras empobrece claramente el discurso político pero también al votante y a su concepción de la política ya que, dadas las estrategias de la mercadotecnia electoral, consume lo que esa disponible en el mercado sin poner mucha atención en las propuestas y estrategias seguidas por los candidatos frente a la problemática social. Este hecho refuerza la visión caudillista del poder, tan cara a nuestra cultura de la política, basada en la esperanza de que un hombre providencial es la única posibilidad de solucionar problemas. Primero el personaje y luego las ideas; el votante se pregunta ¿será el candidato capaz de resolver el problema? en lugar de si su propuesta es relevante, significativa.

Los que afirman que las campañas negras refuerzan la competencia electoral omiten las consecuencias de vaciar de sentido el discurso político, ensimismados en el carácter personalista de la política, del candidato-producto; ignorando que el espíritu de la competencia en la democracia liberal, en teoría, va más allá de las personas para colocar en el centro la confrontación de ideas y proyectos. Los partidos políticos, por su parte, deben su creciente desprestigio a esta obsesión de calificar al candidato como la piedra filosofal del cambio social, dejando de lado las plataformas ideológicas y la declaración de principios ideológicos. Los votantes están condenados así a ser mudos testigos de la guerra de lodo entre candidatos y seguir las denuncias y vituperios con una morbosidad acicateada por los medios de comunicación. Al final, las campañas negras se convierten así en una de las patologías más visibles de los procesos electorales, contribuyendo sistemáticamente al deterioro de la política, al empobrecimiento de la participación electoral y a la creciente certeza de que la democracia liberal sólo sirve a los poderosos que cuentan con recursos suficientes para defenestrar a los candidatos que se atrevan a oponerse a sus intereses. 
 
Esta insistencia en vaciar de contenido a las campañas demuestra el temor de esos poderosos a la confrontación libre de ideas en la plaza pública que podrían poner en entredicho sus planes de dominación Al respecto sería recomendable revisar la coyuntura política en Venezuela para constatar de primera mano el poder y perversión de las campañas negras, obsesionada por desbancar a un gobierno producto del voto popular.

martes, 19 de abril de 2016

Los papeles de Panamá, la guerra geopolítica y el estribillo de la corrupción

Los papeles de Panamá –que algunos analistas e incautos consideran la mayor filtración periodística de la historia– no consiguen siquiera rasguñar a las grandes fortunas concentradas; por cierto, no pocas de ellas afincadas en Estados Unidos, cuyo parentesco comercial-financiero con Panamá está marcado por agresiones e invasiones coloniales unilateralmente endosadas al país canalero. Y aunque Estados Unidos sigue siendo el principal usuario del canal de Panamá, y otrora socio financiero leal de ese país centroamericano, en la tristemente célebre lista de “infractores” no figura ningún ciudadano norteamericano. Este hecho permite dos interpretaciones: uno, que los 11.5 millones de documentos financieros extraídos de los servidores de Mossack Fonseca están selectivamente arreglados; o dos, que los evasores de impuestos e hiperacumuladores estadunidenses utilizan otros “paraísos”, notoriamente más protegidos, para sus operaciones financieras. La evidencia sugiere que las dos lecturas pueden ser correctas. 

Llama la atención que en abril de 2015, los bancos estadunidenses decidieran romper relaciones con instituciones bancarias en Panamá (Crítica 16-IV-2015), exactamente un año antes del desencadenamiento del escándalo de las filtraciones. Técnicamente, el rompimiento respondió a la persistencia de Panamá en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es una institución intergubernamental creada en 1989 por el Grupo de los Ocho (G8), presuntamente para el combate al lavado de dinero. Pero múltiples analistas han señalado que el objetivo no declarado de esa entidad es que los países poderosos tengan facultad de intervención en las operaciones financieras de los países periféricos, ya que en realidad estos últimos no tienen economías suficientemente desarrolladas como para ocultar grandes cantidades de lavado de activos. Que en los documentos filtrados figuren únicamente jefes de Estado, empresarios de mediano rango y figuras del ámbito del espectáculo y el deporte, y ningún hiperacumulador, resulta altamente sospechoso. El analista político Fernández Steinko advierte: "El hecho de que los norteamericanos no aparezcan por ahora en la lista, […] no hay ninguna duda de que la lista de prioridades de las personas mencionadas en los papeles apunta a un recurso más en la guerra geopolítica" (Russia Today 4-IV-2016). 

En los papeles de Panamá figuran sólo defraudadores menores, máxime si se toma como referente los ingentes volúmenes de dinero que blanquean los circuitos financieros formales o entidades bancarias “legalmente” constituidas. 

 Por ejemplo, algunos bancos estadunidenses e internacionales como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, que involucraron a Banco Wachovia y HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares respectivamente (Global Research 13-V-2013), que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. 

Y el mensaje es claro: los bancos –las instituciones dominantes– pueden incurrir en conductas criminales todas las veces que así lo convengan, siempre que puedan pagar ocasionalmente multas simbólicas. 

 En el año 2000, se estimó que la derrama del negocio de la droga en Colombia rondaba los 46 mil millones de dólares anualmente. De acuerdo con algunos estudios, el sector financiero estadounidense-europeo llegó a lavar hasta 98.33% de ese dinero. Y de ese casi 99% que representa el negocio, sólo 5% retornó a Colombia, es decir cerca de 2.500 millones de dólares (Jairo Estrada en Plan Colombia: ensayos críticos, 2001). Tan sólo entre mayo de 2004 y mayo de 2007 un sólo banco estadounidense, Wachovia Corp., ahora fusionado con Wells Fargo (el banco con más sucursales en Estados Unidos), fue acusado de lavar fondos ilícitos provenientes del narco mexicano por un monto cercano a los 400 mil millones de dólares. Pero curiosamente ninguno de estos casos llegó a tener la preeminencia mediática que si gozan los trillados papeles de Panamá. 

El escándalo de los papeles tiene todas las características de un golpe de extorsión política y disciplinamiento de élites de escasa talla, en el marco de una guerra geopolítica que capitanean Estados Unidos y consortes europeos, y que con el estribillo de la “corrupción” –que es el discurso en boga de la derecha–, apuntan a “depurar” u optimizar la desregulación financiera en beneficio de los grandes capitales. No es accidental que la prensa concentre toda la atención en Vladimir Putin o Cristina Fernández de Kirchner, cuyos nombres ni siquiera aparecen en los papeles. 

Una cosa está clara. La corrupción que dicen combatir las instituciones de los países centrales, y que también peroran cacofónicamente los medios de comunicación, es sólo esa “minúscula corrupción” de la que se alimentan ciertos grupos de poder (políticos o empresariales) de pequeña o mediana categoría, que muy a menudo contravienen los intereses de hiperacumulación de los grandes acumuladores de capital (señaladamente los bancos). En realidad, esta campaña “anti-corrupción”, que es profundamente política y no judicial (sino véase el caso de Dilma Rousseff en Brasil, cuyo proceso de impeachment es a todas luces un asalto de la derecha más corrupta en ese país) es una estrategia para constreñir la facultad de desposesión, desfalco o defraudación. Consiste básicamente en acotar el espectro de los agentes corruptores, pero nunca en reducir o atajar seriamente la “gran corrupción”, esa que está legalmente protegida y que favorece irrestrictamente a la alta finanza. La idea que subyace es que la corrupción es un privilegio que sólo los más ricos y poderosos se pueden permitir. 

Cuando el sistema financiero internacional en su conjunto es un “gran paraíso fiscal”, esos “pequeños paraísos fiscales”, como Panamá, son innecesarios, e incluso grietas u hoyos negros cuya derrama es preciso frenar, pero no por una cuestión de justicia fiscal o penal, sino evidentemente en función de la lógica de acaparamiento o centralización de la riqueza. 

domingo, 17 de abril de 2016

Patología Electoral: las candidaturas independientes.


El estudio de los trastornos anatómicos y fisiológicos que presentan los órganos enfermos, junto con los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades es la esfera de influencia de la patología. Si trasladamos el concepto al estudio a las elecciones en México tal vez, ironías aparte, se pueda reflexionar acerca de esos síntomas y signos que configuras la enfermedad que padecen, tantos los instituciones como los procesos electorales. La intención no comparte la creencia en el perfeccionamiento paulatino del subsistema electoral basado en sesudas aportaciones de la academia o de políticos con pretensiones científicas; mas bien parte de la premisa de que las elecciones en una república liberal cumplen sobre todo con la función legitimadora de conformar una representación legal y que casi siempre dicha representación favorece a los intereses de la clase en el poder. La enfermedad del sistema electoral está determinada precisamente por su función mistificadora del autoritarismo liberal, alimentando la ilusión de un perfeccionamiento perenne de las instituciones democráticas, por medio de reformas, que en realidad no modifican sustancialmente el equilibrio de las fuerzas políticas en competencia sino mas bien lo refuerzan.

Es el caso por ejemplo, de las candidaturas independientes, estrenadas con el triunfo de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, y que a pocos meses del inicio de su gestión ha demostrado los límites de su supuesta independencia. Ya desde finales de los años noventa se empezó a discutir en ciertos espacios la posibilidad de hacer frente al monopolio partidista para definir candidatos a puestos de elección popular. Se tenia la esperanza de que la competencia con candidatos ciudadanos obligaría a los partidos a abrir sus procesos internos de selección de candidatos, democratizándolos y ampliando los incentivos entre la base partidista para mantener una militancia estable y comprometida. Sobra decir que también se contempló la posibilidad de poderes fácticos cobraran aun mayor peso en los procesos electorales, en particular en narcotráfico.

El tema cobró dimensión pública cuando Jorge Castañeda intentó presentarse como candidato independiente en el 2006 pero fue excluido por el órgano electoral con base en el COFIPE, que otorgaba a los partidos el derecho exclusivo de nombrar candidatos. El caso Castañeda llegó hasta instancias internacionales y al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2008 al Estado mexicano a reformar sus leyes para garantizar a la ciudadanía el derecho a ser electo. La misma sentencia justifica el hecho tomando en cuenta los valores democráticos “por lo que resulta imperioso un debate profundo y reflexivo sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia”

La cita anterior se justifica toda vez que resulta una evidencia del lenguaje que acompaña a las reformas electorales: todas forman parte de un proceso que poco a poco nos conducirá sin sobresaltos al paraíso de la democracia. En consecuencia, el tema de las candidaturas independientes va ganando fuerza y gana su existencia legal. El ciclo virtuoso del cambio institucional da frutos y con la anuencia de sus antaño acérrimos enemigos, los partidos políticos, nace la figura legal de candidaturas independientes. 
 
El caso de El Bronco en Nuevo León demostró la viabilidad de la reforma pues el candidato independiente logró ganar una gubernatura con amplio apoyo sin contar con la venia de las televisoras locales aunque si con el de otros grupos económicos locales como los dueños de El Norte. Sin embargo, El Bronco militó en el PRI por décadas y su independencia de los partidos fue más cosmética que otra cosa. Su alejamiento de las demandas ciudadanas que prometió hacer realidad a lo largo de su campaña confirman que su estilo de gobierno no difiere en nada con los de otros gobernadores. Al final los grupos de poder del estado mantuvieron su influencia y poder y no se ven indicios de que el gobernador se vaya a oponer a que las cosas sigan como siempre.

Pero tal vez el ejemplo de la funcionalidad de las candidaturas independientes en el seno del sistema política tenga que ver con las posibilidad de que el PRI siga manteniendo el poder a pesar de contar con menos votos efectivos año con año. Con las alianzas con el Partido Verde, por ejemplo, el PRI logró compensar su tendencia histórica de pérdida de votos; ahora con las candidaturas independientes fragmenta el voto de oposición para seguir ganando elecciones. 
 
La elección en Veracruz proporciona un ejemplo típico de para quien trabajan las candidaturas independientes. Juan Bueno Torio, militante panista por años, hoy forma parte de la estrategia priísta para descontarle votos al candidato del PAN. Las sospechas de que el gobierno del estado ha contribuido a su campaña se basan en la imposibilidad de que Bueno Torio gane la elección y a sus buenas relaciones con el gobernador en turno. 
 
Por lo anterior, las candidaturas independientes son un signo más de la enfermedad crónica de las elecciones en México pues no parece que representen una amenaza real al monopolio partidista, mucho menos una alternativa política para la ciudadanía crítica de los procesos electorales; los candidatos son simples refritos de militantes descontentos que poseen clientela política obtenida desde los partidos y que ahora ofrecen como su capital político, al menos para obtener las firmas necesarias para lograr su registro como candidato. En todo caso aparece como una figura secundaria que sirve más para destruir que para construir, una opción política alternativa a los cárteles partidistas que en realidad les sirve a éstos mas que a los ciudadanos.


lunes, 11 de abril de 2016

El efecto Porkis


La persistencia de un ambiente permeado por la violencia y la brutalidad, como consecuencia de una política de estado que se hace de la vista gorda frente al crimen organizado para mantener el poder, ha demostrado tener consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. La impunidad sistemática ha colocado al crimen organizado y sus prácticas como actor privilegiado, lo cual ha permeado en el estilo de gobierno, en las dinámicas partidistas, en el estilo de hacer negocios y hasta en las aspiraciones de vida de sectores acomodados de la sociedad nacional.

Si por un momento pensamos que el narcotráfico sólo cooptaba a los sectores marginales de la sociedad -esos jóvenes sin ninguna oportunidad ni futuro, hundidos en la pobreza y la exclusión social- para ofrecerles un destello de esperanza aunque sea a costa de la vida y sufrimiento de los otros, el error está a la vista. Los Porkis en Veracruz demuestran que los sectores acomodados, sobre todo su juventud, no son ajenos a la fascinación ejercida por el estilo de vida narco.

El que un grupo de jóvenes sin problemas económicos adopten sin rubor las maneras de apropiarse de lo que se les antoje, sin parar en mientes sobre el daño causado, es un síntoma claro de cómo el narcotráfico influye en los estilos de vida adoptados por un importante sector de la sociedad mexicana. Al hablar de estilo de vida, se rebasa por mucho el simple consumo de la narcocultura, expresada en canciones, formas de vestir y de consumir, de hablar y sentir; nos remite a la manera de concebir la vida, de asumir valores y principios en un contexto que premia la mentira y reprime la verdad, que glorifica la violencia.

En este sentido, Los Porkis asumen la violencia como un estilo de vida, como una estética que le da un sentido a sus acciones, encaminadas no solamente a proveerse de placer sino de hacerlo de manera violenta, humillando y despreciando al otro para convertirlo en objeto negado de valor humano y potenciando así la ilusión del poder. No se trata de seducir sino de violar, de someter para experimentar el perverso placer de tener en tus manos la vida ajena sin consecuencias.

Resulta evidente que las oligarquías de este país experimentan una suerte de embriaguez colectiva ante la capacidad para mantenerse en la impunidad, pero eso no podría explicar por sí mismo el hecho de que Los Porkis existan en cada rincón del país, no sólo en Veracruz. ¿Cuántas de las violaciones, feminicidios y desapariciones son cometidas por miembros de éstas oligarquías como deporte, sin fines de lucro? ¿Cuántas para presumirlas en las redes sociales sin temor a ser castigados? La descomposición de las relaciones sociales está sin duda alineada a la transformación del modelo de acumulación pero a ello habrá que agregar esta fascinación por la barbarie, materializada en la apología del delito y el narcotráfico. 

La responsabilidad del caso Porkis reside así no sólo en la pobreza moral de los jóvenes corrompidos por la impunidad y la riqueza sino sobre todo del clima de impunidad y omisión sistemática de las obligaciones del estado para mantener la paz social. Al encontrarnos con que la inmensa mayoría de los crímenes no son perseguidos, y cuando lo son no necesariamente se logra hacer justicia, se está en realidad enviando un mensaje muy claro a la sociedad: todo vale, mientras tengan el poder para evitar consecuencias. Y esta responsabilidad es compartida por empresarios de todo tipo, políticos y funcionarios, obispos y banqueros, que sin mirar para atrás van dejando una estela de crímenes impunes que, al mismo tiempo, refuerzan su prestigio frente a los demás.

Sin negar la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, la responsabilidad mayor es de los que desde el poder niegan una y otra vez la crisis humanitaria en la que vivimos. Por ellos, la violencia y la descomposición social gozan de buena salud y no se ve para cuando termine. El efecto Porkis existe gracias a esa política de estado –tributaria de la acumulación por desposesión- que glorifica por un lado la violencia por la violencia, el robo y la mentira, mientras por el otro nos procura convencer siempre que puede que vivimos en una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos.

sábado, 9 de abril de 2016

Ayotzinapa: última llamada

Aciertan los analistas que subrayan la urgencia de arreciar la presión social con el objeto de frenar otra oprobiosa mentira histórica urdida desde el gobierno en turno. Desmontar el engaño al que nos quiere condenar el poder constituido es una responsabilidad irrenunciable. Ayotzinapa no debe quedar impune. Es la última llamada para una sociedad debilitada por la coerción ampliada que ejerce sin freno o contrapeso sustantivo un Estado a todas luces delincuencial. La solidaridad con los padres de los normalistas desaparecidos es un asunto de resistencia vital. Que el antiguo procurador reivindique sin tapujos el peritaje falsario, cuyos presuntos hallazgos han sido terminantemente (científicamente) refutados, es una provocación y una reivindicación de autoridad descabelladamente impúdica. Tras 18 meses y medio de ese crimen de Estado, y después de la reciente ratificación oficial de la fábula gubernamental, es hora de hacer progresar la agenda de la sociedad, y recordar en todos los espacios o foros disponibles el verdadero valor histórico de la tragedia de Ayotzinapa. 

Ayotzinapa y el fin del narcoestado 

En entrevista con RompevientoTV, Omar García, sobreviviente de la masacre de Iguala, perfiló un horizonte sugerente para el movimiento por Ayotzinapa: “[Transitar] de un movimiento por los desaparecidos a un movimiento por la transformación del país”. Este planteamiento, que ciertamente yace en germen en el ánimo nacional (excepto en el de las oligarquías, políticos tradicionales, fuerza castrense de alto rango, y ciertas clases medias acomodaticias) es la condensación de una consigna que hoy tiene un eco global: la conversión del ciudadano desposeído en sujeto político de cambio. Eso que Syriza arrebató a los griegos, o que otros gobiernos de presunta genealogía popular han robado a sus bases, es decir, la titularidad de la política, en Ayotzinapa es un componente activo, cuyo brío va en ascenso. “Ayotzinapa es una coyuntura… Ayotzinapa es la posibilidad de cambiar mucho”. ¿Qué es eso que Ayotzinapa tiene posibilidad de cambiar? La red de relaciones e intereses que rigen los destinos del país. Luis Hernández Navarro aclara: “Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal (narcopolítica), hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado” (http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2581). 

Ayotzinapa tiene una relevancia mayúscula para la vida pública del país: significó una confesión involuntaria de la simbiótica relación crimen-Estado. Hasta antes de la masacre habían fuertes sospechas acerca de las componendas entre las instituciones y la delincuencia. Después de los hechos en Iguala el país cobró conciencia del alcance de ese compadrazgo. El Estado quedó desnudo, expuesto crudamente sin las acostumbradas indumentarias ritualísticas o protocolarias. Bien dicen que no es lo mismo desconfiar de una pareja sentimental que encontrar a esa pareja en el acto de infidelidad. El segundo escenario obliga a la decisión o a la acción o a las dos. 

De esta circunstancia resulta una doble lección. 

La primera lección es que el Estado mexicano no es un Estado fallido sino un Estado criminal –un narcoestado–. El Estado –se dijo en otra ocasión– “es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, a través de las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad, horror e ilegalidad” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/11/fin-al-narcoestado.html). 

Los incidentes en Iguala confirmaron una hipótesis: que el narcoestado es el modo de organización de los intereses dominantes en México, y por consiguiente el responsable de los crímenes de lesa humanidad que enlutan al país. 

La segunda lección es que es una falacia (dolosamente inculcada) que en México “el pueblo aguanta eso y más”. Principalmente las élites y clases gobernantes han cultivado la idea de un México dócil, resignado. Falsa y vil es esa leyenda negra. Recientemente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) lo enunció con rabia bronca: “¡Estamos hasta la madre!”. Después irrumpió en el ágora cibernáutico un #YaMeCansé viral. Y ahora el movimiento por Ayotzinapa exclama con tacto político e indignación: “No nos van a callar”. 

En su columna Navegaciones, Pedro Miguel desaprueba esta sugestión falsaria de un México presuntamente amnésico e insensible; sugestión que se delata en los incontables episodios insurgentes de la historia política nacional: “Nos queda claro que en las horas posteriores a la atrocidad ustedes (gobernantes o ‘a quien corresponda’) pensaron como piensan siempre: que los muertos y los desaparecidos eran unos pelados, unos muertos de hambre, unos indios de la prole que no iban a importarle a nadie y que el país se iba a quedar contento con la explicación de que aquello era un incidente menor y un asunto local… El agravio sí importó y fue sentido en carne propia por millones de otros proles, de otros indios pelados, y recorrió el país y llenó las calles y las plazas, y junto con él cundió la convicción de que la barbarie no obedecía a la mera acción de un alcalde enloquecido y cooptado por la delincuencia, sino que involucraba, necesariamente, a las esferas superiores del poder público” (http://www.jornada.unam.mx/2015/09/24/opinion/041o1soc). 

“Estos paréntesis de movilización remiten a una feliz conjetura: a saber, que la población no ha consentido ni claudicado ante la dominación, aún cuando el enemigo es un régimen de terror escrupulosamente dirigido e impulsado” (http://lavoznet.blogspot.com/2014/10/ayotzinapa-o-la-banalidad-de-la.html). 

Ayotzinapa es la posibilidad de poner fin a un estado de cosas que se basa en el binomio crimen-Estado. Es la posibilidad de romper los impúdicos pactos de impunidad. Es la oportunidad de mandar al carajo la simulación, la espuria normalidad democrática de las instituciones y sus monjes ideológicos, los endémicos mecanismos de defraudación del Estado, los añejos vicios de un sistema basado en el clientelismo, el influyentismo, el autoritarismo. De poner fin al neoliberalismo y su criatura vernácula: el narcoestado

viernes, 8 de abril de 2016

Caso Ayotzinapa: Restos analizados por Innsbruck no corresponden a normalistas



Los restos analizados por la Universidad de Innsbruck (IMG), en Austria, no coinciden con ninguno de los 41 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, informó la Procuraduría General de la República (PGR). 

Los resultados fueron presentados este viernes 8 de abril en presencia de Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los padres de los normalistas desaparecidos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

“En relación con las muestras de cabello, el IMG identificó que algunas eran de origen humano y otras de origen animal. En relación con las de origen humano, se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, por estar cortados y no tener bulbo, obteniéndose una misma secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias". 

Esta muestra fue recolectada en una zona de la retícula principal en donde no hay restos óseos del basurero de Cocula, en el interior de un recipiente de metal mezclado con restos de basura”, indicó la PGR en un comunicado. 

El documento dado a conocer este viernes “contiene resultados referentes a 53 muestras de ropa y cabellos adheridos a la ropa que se encontraron en los autobuses, enviadas al IMG en septiembre de 2015; así como 9 muestras óseas y cabellos, provenientes del basurero de Cocula y 2 muestras óseas de la bolsa del Río San Juan, remitidas para su análisis en diciembre del mismo año”. 

En el encuentro participaron Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR; Sara Mónica Medina, coordinadora General de Servicios Periciales de PGR; Carlos Beristáin y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI; Mario Patrón y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes de los padres de los normalistas; Mercedes Doretti y Miguel Nieva, del EAAF, así como el agente del Ministerio Público de la Federación Edgar Nieves Osornio.

http://www.animalpolitico.com/2016/04/caso-ayotzinapa-restos-analizados-por-innsbruck-no-corresponden-a-normalistas/

martes, 5 de abril de 2016

La nueva derecha en Brasil

Raúl Zibechi 
La Jornada

La hegemonía en las calles brasileñas pertenece hoy a la derecha, por primera vez en 50 años. Poco antes del golpe de Estado de marzo de 1964, la derecha protagonizaba grandes manifestaciones contra el presidente progresista João Goulart, como la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad en São Paulo, que congregó a cerca de 300 mil personas (http://goo.gl/J3wE1). 

Bajo la dictadura la izquierda ganó las calles. A contrapelo, impuso modos de protesta, símbolos y discursos que sentaron su hegemonía hasta el 20 de junio de 2013. Ese día comenzó la llamada Revuelta de los Coxinhas (término peyorativo para referirse a varones blancos de clase media alta, engreídos, pitucos en lenguaje rioplatense). 

Lo que sucedió aquella noche en las principales ciudades del país aún no ha sido dilucidado, pero lo cierto es que aprovechando manifestaciones masivas del Movimento Passe Livre (MPL) contra el aumento de las tarifas del transporte urbano, decenas de miles de coxinhas con la bandera de Brasil y los colores verdeamarelo desembarcaron en las marchas, agredieron y expulsaron a quienes portaban símbolos de izquierda y tomaron el control de las manifestaciones. 

No es la simple reproducción de la vieja derecha católica y militarista que apoyó el golpe de 1964. Es una nueva derecha: sin partido, de clase media alta (con ingresos de más de cinco salarios mínimos), apoyada por empresarios industriales mientras el agrobusiness está en el gobierno; que acepta el aborto, el matrimonio igualitario, la despenalización de la mariguana y la gratuidad de los servicios públicos (http://goo.gl/AMSH3n). Pero se opone a las cuotas para estudiantes negros en las universidades y cree que Bolsa Familia la perjudica. 

Es un error pensar que actúan digitados por los medios, como si fueran autómatas. Lo que no quiere decir que los medios estén al margen de la actual coyuntura brasileña. Es una derecha militante, que tiene estrategia y organizaciones propias, laica, politizada, formada en universidades privadas y públicas. 

La primera acción de calle fue convocada por el Movimiento Cívico por el Derecho de los Brasileños, más conocido como Cansei (me cansé), el 17 de agosto de 2007, a la que asistieron 5 mil personas cuando aún latía el mensalão, el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno del PT desde 2005. Las crónicas de prensa ironizaban sobre las marcas exclusivas de ropa que lucían los manifestantes, quienes fueron rechazados por los más importantes dirigentes del socialdemócrata PSDB, entre ellos el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (http://goo.gl/pBvtHR). 

Pese a la fugacidad del movimiento, nació un patrón de acción que luego se repite: gritos de "fuera Lula", participación de actrices y actores populares de telenovelas, apoyo de la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) y de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), y expulsión de personas que portaban banderas del PSDB porque se definen como anti-partidos. 

Pero lo decisivo fue lo sucedido entre 2007 y 2013, aunque es poco atendido por los medios y los analistas. La nueva derecha creció en los centros de estudiantes de universidades públicas que eran bastiones de la izquierda. El caso más significativo sucedió en la Universidad Nacional de Brasilia (UNB). 

En 2009 se creó el grupo Alianza por la Libertad, autodefinido como "liberal", que ganó la dirección del centro de estudiantes en 2011 con 22 por ciento de los votos, ante la fragmentación de las izquierdas. Fue relegida por cuarta vez en 2015, con 60 por ciento de los votos, desplazando a las agrupaciones del movimiento estudiantil. La UNB había protagonizado luchas muy importantes como la ocupación de la rectoría en 2008, exigiendo la renuncia del rector denunciado por corrupción. 

Alianza por la Libertad, vinculada al grupo Estudiantes por la Libertad (financiado por fundaciones neoliberales y anticomunistas de Estados Unidos) y al Instituto Liberal, se concentró en temas cotidianos de los estudiantes, como la limpieza de los baños y la seguridad en el campus. Mientras el movimiento estudiantil planteaba sus demandas en términos generales, la derecha buscaba soluciones concretas muy elementales. Sus principales apoyos estaban en las facultades de ingeniería, derecho y economía. 

En esos años la derecha ganó otras universidades estatales como Minas Gerais y Rio Grande do Sul, y creció en otras, siempre rechazando la política partidaria, acusando a los militantes de izquierda de buscar cargos de confianza. Sus cuadros se formaban en institutos y organizaban agrupaciones de nuevo tipo. 

En paralelo, se expandieron las marchas contra la corrupción. En 2011 hubo marchas en 25 ciudades, siendo la de Brasilia la más numerosa con 20 mil personas con el apoyo de la OAB. Los manifestantes llevaban banderas brasileñas y cantaron el himno nacional, lo que indica que un movimiento legítimo fue cooptado por la derecha más militante (http://goo.gl/CtLMyI). 

La hipótesis es que antes de la explosión de junio de 2013 la nueva derecha ya era una fuerza social y tenía experiencia en la conducción de masas, justo cuando la militancia de izquierda abandonaba la calle y se volcaba hacia el Estado. La nueva derecha creó una cultura de protesta en la calle, lo que le permitió reconducir las marchas hacia sus objetivos. Sobre la base de esas experiencias, en 2014 nacen los grupos que hoy convocan millones: Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua y Revoltados On Line. 

¿Por qué las izquierdas no han sido capaces de entender este avance de una nueva derecha y todo lo atribuyen a los medios? Una respuesta, provisoria, es que no se comprende la realidad desde las instituciones sino desde la calle. La página passapalavra.info fue la primera en advertir lo que se venía, la misma noche del 20 de junio, al igual que ex miembros del MPL, como el antropólogo Paíque Duques Santarém y el filósofo Pablo Ortellado. Esta nueva derecha no puede combatirse con argumentos ideológicos, sino en la disputa viva de la vida cotidiana.