El legado de la transición democrática en México: terrorismo de estado y narcopolítica.

A poco más de tres semanas de la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes normalistas en Iguala, Enrique Peña insiste en que el fondo del problema es la infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado, particularmente en las corporaciones policiacas. Con ello procura ocultar el hecho de que es el estado el que ha utilizado al crimen organizado para mantener el modelo económico, matriz generadora de la violencia social que vivimos.

Como lo señalé en otro momento,  llama atención que en tiempos en que las instituciones garantes de los derechos humanos y de los procesos electorales  se han fortalecido nos encontremos en un país en llamas, azotado por una guerra civil rampante que rebasa por mucho las cifras de desaparecidos y asesinados que en su momento oscurecieron la vida de la mayoría de los países sudamericanos en los años setenta. ¿Por qué si hoy México cuenta con un sistema de protección de los derechos humanos y un sistema electoral que ha sido puesto como ejemplo para otros países del mundo la muerte violenta es el pan de cada día?

¿Por qué si, como afirman algunos, México ha dejado atrás su pasado autoritario y el gasto militar no para de crecer la violencia ha aumentado? ¿Será una falla circunstancial o parte de una estrategia política?

Al respecto, Raúl Zibechi afirma tajante en un artículo reciente: el estado no es garante de los derechos humanos. Frente al dilema de proteger al modelo económico o proteger a su población, los estados liberales no parecen ofrecer mucha resistencia para que los grandes intereses económicos impongan su ley. Y para hacerlo le han arrebatado a la población que dicen representar el derecho a la autoprotección. En México, el ejemplo más notable de esta dinámica puede observarse en el trato que se les ha dado a las policías comunitarias y a los grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero. En el primer caso, el estado apoyó momentáneamente a los grupos que tomaron las armas para defenderse de los narcotraficantes pero después los encarceló (es el caso de José Manuel Mireles)  o los enroló en cuerpos policiacos; en el segundo, acosó y fabricó delitos a distinguidos integrantes de las policías comunitarias, como sucedió Nestora Salgado y muchos más. En todo caso, la violencia no disminuyó sino todo lo contrario… hasta desembocar en Iguala.

En este contexto, el director general adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, enfrenta una decidida oposición para reelegirse por parte de las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. Por lo visto, dichas organizaciones no ven al ombudsman mexicano muy decidido a honrar su responsabilidad e incluso existen casos de víctimas de violaciones a sus derechos humanos que se han amparado en contra de las recomendaciones de la propia CNDH. En el caso Tlatlaya, Plascencia se apegó a la versión de las fuerzas armadas, declarando “Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento” sin contar con elementos que corroboraran semejante versión de los hechos pero demostrando para quien trabaja.

Por su parte, los partidos políticos han confirmado, otra vez, que  están para ganar elecciones (‘haiga sido como haiga sido’, Calderón dixit) y no para gestionar los intereses de la población que dicen representar, mucho menos para protegerlos de la violencia criminal. La negativa de las bancadas del Senado para llevar a cabo el juicio político en contra del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, indica que todos los partidos mantienen la misma posición, aunque no se descartan manotazos de última hora pues está en juego una gubernatura. Ya con anterioridad el PRD, en su IX congreso nacional rechazó -con 291 votos a favor, 15 abstenciones y sólo 4 en contra- exigir al gobernador que pida licencia al cargo. La perla declarativa corrió a cargo del diputado Fernando Belaunzarán: “No le pedimos la renuncie pero no le pedimos que se quede. No lo condenamos ni lo absolvemos” O sea, nosotros no tenemos nada que ver, aunque el gobernador sea de nuestro partido. O mejor aún, y en consonancia con la línea presidencial: los responsables son los narcos. Han decidido cerrar los ojos frente a una realidad que no es privativa del estado de Guerrero y ni mucho menos del PRD: la alianza entre el crimen organizado y los partidos políticos -en la cual los primeros aportan capital y armas para ganar elecciones, mientras que los políticos aportan protección legal y lavado de dinero.

Por lo anterior, es necesario apuntar que las graves violaciones a los derechos humanos en Iguala no son la excepción y no son tampoco responsabilidad exclusiva del crimen organizado. Al contrario, son la regla impuesta desde el estado para, como reza el slogan del presidente, ‘Mover a México’. El gobierno de Aguirre (y en general todos los gobiernos estatales, no se diga el federal) se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos y el fraude electoral. Tal y como lo señala Luis Hernández Navarro en su artículo Guerrero y la narcopolítica las relaciones entre la política y el narcotráfico en Guerrero son un secreto a voces.  La lista de desaparecidos y asesinados es larga pero como dice el Choky, señalado como jefe de sicarios de Guerreros Unidos: “No toda la culpa la tengo yo”