El lunes pasado, un integrante del gabinete calderonista amaneció con una clara idea en la cabeza: si mi jefe hace el ridículo, ¿por qué yo no? Fue entonces cuando a nuestro ilustre secretario de Hacienda se le ocurrió declarar en conferencia de prensa que con la módica cantidad de 6 mil pesos al mes, las familias mexicanas pueden pagar casa, coche y escuelas privadas. A esto, añadió que los mexicanos en general somos demasiado pesimistas como para reconocer que la economía se está recuperando: "siempre, por alguna razón, los mexicanos somos más exigentes con respecto a lo que nos gustaría y eso hace que siempre tengamos una perspectiva más negativa de lo que los datos duros muestran".
Los datos duros a los que se refiere Cordero son, en teoría, alentadores. Un crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto del 5.5% en el último año, y un ingreso promedio por mexicano de 14 mil dólares anuales. El problema es que a la primera confrontación con la realidad económica en la que vivimos, estos datos no sirven absolutamente para nada: el crecimiento en el PIB no repercute de manera directa en los bolsillos de ninguno de nosotros los mortales, y el ingreso promedio no es sino el resultado de una división absurda que presupone un nivel de ingresos relativamente equitativo para todos y cada uno de los mexicanos (nada más alejado de la realidad).
Además, algunos datos duros fueron omitidos de tan acertada declaración: el día de hoy, el salario mínimo ha perdido casi la mitad de su poder adquisitivo comparado con el de 2006, cuando iniciaba el sexenio de Calderón. Es decir, un individuo que sobrevive con un salario mínimo, puede comprar apenas la mitad de lo que consumía hace 5 años. Tal parece ser que a esto es a lo que se refieren cuando hablan de crecimiento económico.
Al menos un millón de personas perdieron su trabajo los últimos tres años. A eso le llaman productividad y competitividad, y habría que preguntarle al señor secretario sobre las posibilidades de compra de estos últimos, quizá tengan que conformarse con escuelas públicas.
Podemos decir también, que las palabras del secretario de Hacienda no son sino una expresión completamente democrática. Los 6 mil pesos mágicos de Cordero no son más que democracia en práctica. ¿Por qué?, se preguntará usted, y la respuesta es bastante sencilla: crear una clase política (para la cuál 6 mil pesos no son más que la cena de hoy) completamente ajena a la realidad que vivimos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, es al parecer lo único que nuestra famosa democracia representativa ha logrado. La supuesta oposición al gobierno calderonista no tardó en aprovechar el desliz del secretario e inmediatamente se prestó a defender a capa y espada a las pobres familias mexicanas, criticando a Cordero por su insensibilidad al tiempo que escondían sus cheques. En fin, el circo democrático entraba en función.
No es el caso particular de la democracia mexicana (aunque las últimas administraciones se empeñen en hacernos sobresalir), sino que se extiende a todos los gobiernos que claman serlo alrededor del mundo: una ruptura cada vez mayor entre las sociedades y sus gobiernos. Los ciudadanos cada vez más lejos de sus gobernantes, y los gobernantes cada vez más cerca de los dueños del dinero.
Ya para terminar, y dada la fama que se está creando la presente administración, no estaría de más proponer una prueba de alcoholímetro antes de que a los altos funcionarios del gobierno federal se les permita dar declaraciones a la prensa.
Los datos duros a los que se refiere Cordero son, en teoría, alentadores. Un crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto del 5.5% en el último año, y un ingreso promedio por mexicano de 14 mil dólares anuales. El problema es que a la primera confrontación con la realidad económica en la que vivimos, estos datos no sirven absolutamente para nada: el crecimiento en el PIB no repercute de manera directa en los bolsillos de ninguno de nosotros los mortales, y el ingreso promedio no es sino el resultado de una división absurda que presupone un nivel de ingresos relativamente equitativo para todos y cada uno de los mexicanos (nada más alejado de la realidad).
Además, algunos datos duros fueron omitidos de tan acertada declaración: el día de hoy, el salario mínimo ha perdido casi la mitad de su poder adquisitivo comparado con el de 2006, cuando iniciaba el sexenio de Calderón. Es decir, un individuo que sobrevive con un salario mínimo, puede comprar apenas la mitad de lo que consumía hace 5 años. Tal parece ser que a esto es a lo que se refieren cuando hablan de crecimiento económico.
Al menos un millón de personas perdieron su trabajo los últimos tres años. A eso le llaman productividad y competitividad, y habría que preguntarle al señor secretario sobre las posibilidades de compra de estos últimos, quizá tengan que conformarse con escuelas públicas.
Podemos decir también, que las palabras del secretario de Hacienda no son sino una expresión completamente democrática. Los 6 mil pesos mágicos de Cordero no son más que democracia en práctica. ¿Por qué?, se preguntará usted, y la respuesta es bastante sencilla: crear una clase política (para la cuál 6 mil pesos no son más que la cena de hoy) completamente ajena a la realidad que vivimos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, es al parecer lo único que nuestra famosa democracia representativa ha logrado. La supuesta oposición al gobierno calderonista no tardó en aprovechar el desliz del secretario e inmediatamente se prestó a defender a capa y espada a las pobres familias mexicanas, criticando a Cordero por su insensibilidad al tiempo que escondían sus cheques. En fin, el circo democrático entraba en función.
No es el caso particular de la democracia mexicana (aunque las últimas administraciones se empeñen en hacernos sobresalir), sino que se extiende a todos los gobiernos que claman serlo alrededor del mundo: una ruptura cada vez mayor entre las sociedades y sus gobiernos. Los ciudadanos cada vez más lejos de sus gobernantes, y los gobernantes cada vez más cerca de los dueños del dinero.
Ya para terminar, y dada la fama que se está creando la presente administración, no estaría de más proponer una prueba de alcoholímetro antes de que a los altos funcionarios del gobierno federal se les permita dar declaraciones a la prensa.
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