La reciente liberación de 52 presos políticos en Cuba parece abrir una nueva etapa en la historia de la isla. El costo político de mantenerlos encarcelados no paró de crecer, poniendo incluso en riesgo las inversiones extranjeras y por ende el frágil equilibrio económico de la isla. La mediación del canciller español Miguel Ángel Moratinos y de un alto funcionario del Vaticano probó su eficacia, pero sobre todo demostró que el gobierno cubano apuesta por salvar su economía a costa de flexibilizar su control político interno.
No por ello se debe ver el gesto como algo menor. Incluso los opositores al régimen como Héctor Palacios, uno de los más conocidos no duda en afirmar -en una entrevista al diario español El País -que la liberación de los presos políticos constituye “Es el avance más serio que ha dado el gobierno (cubano) en los últimos 50 años en busca de una concordia nacional, y puede abrir una nueva etapa”
Palacios forma parte del grupo de detenidos en el 2003 por el gobierno cubano, acusados de servir a intereses de gobiernos extranjeros. Otro conocido miembro de ese grupo fue Orlando Zapata, quien murió el pasado febrero, después de una huelga de hambre de dos meses y medio; al día siguiente, Guillermo Fariñas tomó la estafeta y dio inicio a su propia huelga de hambre, lo que aumentó la atención de la opinión pública internacional sobre el caso.
Si bien los medios coinciden en señalar que los problemas económicos son la causa principal de la liberación, habrá que subrayar el cambio radical que se da en la política cubana con respecto a los presos políticos. Tradicionalmente, las autoridades cubanas rechazaron siempre la existencia de presos de conciencia con el argumento de que eran presos comunes. La liberación debe ser analizada entonces como un cambio radical en el manejo del tema, que incluso puede abrir la puerta a otras acciones que resten rigidez al sistema político cubano.
La prensa internacional ha echado las campanas al vuelo interpretando el hecho como un síntoma de debilidad por parte de Raúl Castro, del principio del fin del régimen socialista. Más allá de semejantes especulaciones, no está de más recordar que buena parte de los países del G20, por ejemplo, mantienen a personas detenidas por sus ideas políticas y nadie parece darle importancia. La reciente liberación de los detenidos por el caso Atenco demuestra que es práctica común y corriente encarcelar a ciudadanos para impedirles el goce de sus derechos, como el de manifestación o libre asociación.
Así que a todos aquéllos que celebran la liberación de los presos políticos en Cuba habrá que pedirles que no olviden a todos los que siguen presos por sus ideas, estén donde estén.
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